La explosión de los precios del gas está agravando una situación ya de por sí complicada: el número de hogares en situación de pobreza energética en la UE de los 28 ha aumentado más de un 50% hasta junio de 2022. Pero lo peor está por venir: la inminente escasez de gas podría hacer subir los precios minoristas en un 200%, triplicando la proporción de hogares alemanes que luchan por pagar las facturas de energía al 8,4% para finales de año (¿Cuenta Alemania con suficiente solidez fiscal y reservas financieras para afrontar la crisis energética?).
Las contramedidas implementadas, como recortes de impuestos y límites de precios, tienen serias deficiencias, sobre todo en la reducción de los incentivos para ahorrar energía. Un esquema de doble precio podría ser un mejor enfoque. Esto permitiría que cada hogar compre una cantidad predefinida de energía para alimentar su hogar a un precio administrado, mientras que todas las demás necesidades de energía tendrían que comprarse a precio de mercado.
Más allá de esta primera capa de medidas de crisis ad hoc, se necesita un nuevo contrato social para mitigar el impacto regresivo de la política climática y salvaguardar la transformación verde. La mejor solución sería la introducción de una nueva prestación, una especie de ‘dinero energético’ pero con un giro: el pago (total o menor) se realiza a una llamada ‘cuenta de ahorro de energía’; es decir, las cantidades no son consumidas, sino (parcialmente) ahorradas, y estos ahorros son complementados por el estado. De esta manera, se pueden matar dos pájaros de un tiro, propiciando los cambios de hábitos para usar menos energía y la acumulación de reservas financieras por parte de los hogares de bajos ingresos.
La pobreza energética es una lacra conocida en la UE. Incluso antes de que comenzara la crisis energética actual, millones luchaban por mantener la calefacción en sus hogares y pagar sus facturas de energía debido a los bajos ingresos, los altos precios y la baja eficiencia energética. Según el Observatorio de Pobreza Energética (EPOV) de la Comisión Europea, el 6,6% de los hogares de la UE28 no pudieron pagar las facturas de servicios públicos a tiempo (lo que se conoce como atrasos en las facturas de servicios públicos) en 2018 y corrían el riesgo de ser desconectados de la red eléctrica. Mientras tanto, el 7,3 % no pudo calentar adecuadamente sus hogares y el 16,2 % gastó más del doble de la media nacional en gastos de energía como porcentaje de los ingresos.
La situación ha empeorado significativamente este año, ya que la invasión de Ucrania ha provocado que los precios del gas se disparen a niveles que no se habían visto en más de una década. En promedio, los precios del gas doméstico en toda la UE han aumentado un +22% desde niveles 2021. Pero en Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos, los precios del gas han aumentado un 58%, un 83% y un 85%, respectivamente.
