Esperamos que España (A-/Estable) reduzca su déficit público del 7% del PIB en 2021 al 4,5% del PIB este año, lo que supondría 0,5 puntos por debajo de la previsión del Gobierno. El Gobierno se ha beneficiado del crecimiento de los ingresos fiscales a medida que la economía se recuperaba de la pandemia.
Las ayudas procedentes de los fondos de la UE, una exposición relativamente modesta a la crisis energética y una disminución del gasto relacionado con la pandemia también han compensado un gasto superior al previsto para ayudar a las empresas y los hogares a hacer frente a la crisis energética.
Será más difícil lograr nuevas reducciones del déficit
En España, el marco de la política fiscal carece de un elemento a medio plazo que combine el estímulo del crecimiento económico y la reducción del déficit estructural con el objetivo de situar la deuda pública en relación con el PIB en una tendencia claramente descendente. Con las elecciones autonómicas y generales previstas para el año que viene, aumentan los riesgos de que el Gobierno no lleve a cabo las reformas necesarias. Una política más polarizada podría desviar la atención de la política fiscal hacia cuestiones de corto plazo.
Gasto en intereses y saldos primarios de España 2014 – 2027 (esperado). Administraciones públicas, % PIB
Fuente: FMI, Ministerio de Hacienda español, Macrobond, Scope Ratings
Si el Gobierno no adopta medidas adicionales para aumentar los impuestos o recortar los gastos, a fin de compensar el incremento de los intereses, la tendencia al alza a largo plazo de los costes relacionados con el envejecimiento de la población y las importantes repercusiones a corto y medio plazo de la política fiscal actual, el déficit se estabilizará en torno al 3,2-3,5% del PIB a medio plazo, por encima del límite del 3% establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
El coste de la energía es uno de los 5 factores que ponen en peligro la consolidación fiscal
En primer lugar, el coste de la energía sigue siendo un lastre para la consolidación fiscal, a pesar del crecimiento económico continuado. El Gobierno aún no ha aclarado en detalle su gasto vinculado a la energía para el próximo año, pero estimamos el coste anual adicional será en torno al 0,5% del PIB, en comparación con las medidas actuales, que se sitúan en torno al 1,3% del PIB. Este gasto adicional debería compensarse en gran medida por la posición de ingresos de España, mejor que la presupuestada a finales de 2022, lo que daría lugar a un déficit del 4,3%, por encima de su objetivo del 3,9% para 2023. Sin embargo, si todas las medidas se prolongaran durante todo el año, el déficit se ampliaría hasta alrededor del 5,0%.
En segundo lugar, los presupuestos para el próximo año se apoyan en previsiones económicas optimistas. El Gobierno parte de un crecimiento real del PIB del 2,1% en 2023, frente a nuestra previsión del 1,0-1,5%. El FMI prevé un 1,2% y la Comisión Europea (CE) un 1,0%. Además, el Gobierno prevé un aumento de los ingresos fiscales de alrededor del 6% el año que viene, apoyado por un nuevo impuesto sobre el patrimonio, impuestos temporales a los bancos y las empresas energéticas, y un alto nivel de contribuciones a la seguridad social. En nuestra opinión, esto es poco probable, dado el nuevo debilitamiento de la confianza de los consumidores y las empresas. Es probable que el crecimiento de la recaudación del IVA y del IRPF pierda impulso, de ahí la incertidumbre sobre las previsiones de crecimiento global de los ingresos fiscales, como ha destacado el Banco de España.
En tercer lugar, el Gobierno cuenta con que las comunidades autónomas españolas reduzcan su déficit agregado al 0,3% del PIB desde el 1,0% en 2022. El objetivo parece ambicioso. El Gobierno central ha protegido las finanzas autonómicas contra la pandemia, pero éstas siguen teniendo déficits estructurales.
En cuarto lugar, el gasto público de España se encuentra en una tendencia claramente ascendente, alcanzando niveles sin precedentes según el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023.
La inversión y los gastos de operación aumentan
Sin duda, la prioridad del Gobierno en el gasto de inversión es positiva para el crédito. Incluso si se excluyen los fondos de la UE, la inversión sería aproximadamente un tercio más que en 2022. Es probable que el Estado invierta más en energía, desde las infraestructuras renovables hasta la ampliación de las terminales de gas, así como un mayor gasto en seguridad y medio ambiente en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania y las amenazas del cambio climático.
Sin embargo, el gasto operativo también está en aumento, lo cual se refleja el incremento de los presupuestos para sanidad y seguridad social y en el aumento del gasto en pensiones previsto para 2023. En España, las pensiones indexadas por la inflación aumentarán en torno al 8,5% en 2023, lo que supondrá una mayor presión sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo si no se adoptan medidas compensatorias, como el aumento de las penalizaciones por jubilación anticipada para reducir la diferencia entre la edad de jubilación efectiva y la legal.
Por último, el aumento de los tipos de interés está reduciendo la flexibilidad fiscal de los Gobiernos endeudados en toda Europa. En el caso de España, los costes del servicio de la deuda pasarán de un nivel bajo del 2% del PIB en 2022 a alrededor del 2,5% en 2023-24, pero se mantienen por debajo de la media histórica, mientras que el país tiene un perfil de deuda favorable.
Además, España aún no ha solicitado su cuota de 70.000 millones de euros (alrededor del 6% del PIB) de préstamos para su Plan de Recuperación. Teniendo en cuenta que el coste medio de la deuda de España era negativo en 2021, el Gobierno tiene un incentivo para solicitar los préstamos relativamente baratos, aunque estarían sujetos a condiciones y representarían un mayor endeudamiento. La Comisión Europea permite a los miembros solicitar los préstamos hasta julio de 2023.
A corto plazo, el Gobierno puede aprovechar los fondos de la UE para financiar una inversión pública récord sin empeorar la relación entre la deuda y el PIB, que pronosticamos en torno al 115% a finales de 2022, antes de caer a alrededor del 112% a finales de 2023. No obstante, si los ingresos fiscales no son suficientes, España tendrá dificultades para contener el déficit presupuestario, lo que hará que la relación entre la deuda y el PIB no mejore en 2023
