
15 OCT, 2026

América Latina necesita ampliar sus fuentes de financiamiento. Sin embargo, reducir este desafío a conseguir más dinero sería confundir una parte del problema con su solución.
Una empresa puede tener clientes, activos y oportunidades de crecimiento sin encontrar una estructura financiera adecuada. Al mismo tiempo, un inversionista puede disponer de recursos y no identificar operaciones compatibles con sus exigencias de riesgo, retorno y liquidez.
Esta desconexión representa una oportunidad para el desarrollo del private credit. Pero también plantea una pregunta fundamental: ¿estamos construyendo mejores mecanismos de financiamiento o simplemente trasladando riesgos fuera del sistema bancario?
El Fondo Monetario Internacional estimó que el mercado global de crédito privado alcanzó aproximadamente US$2,1 billones en 2023, considerando activos y compromisos de capital aún no desembolsados. Su informe de estabilidad financiera de abril de 2024 advirtió sobre riesgos asociados a valoraciones poco frecuentes, apalancamiento, interconexiones financieras y vehículos con posibles descalces de liquidez.
En Latinoamérica, LAVCA registró 164 operaciones de crédito privado en 2023, frente a 132 en 2022. Estas cifras muestran la relevancia de una industria que merece atención, aunque no permiten concluir que todas las estrategias o jurisdicciones evolucionan de manera uniforme.
El crecimiento del mercado no constituye, por sí solo, una prueba de calidad financiera.
El crédito privado ofrece alternativas como préstamos directos, deuda sénior garantizada, estructuras mezzanine y financiación respaldada por activos. Pero la disponibilidad de instrumentos no garantiza buenas inversiones.
La calidad comienza cuando el gestor comprende el negocio, identifica sus fuentes reales de repago y diseña condiciones coherentes con sus flujos de caja.
Douglas W. Diamond, en su investigación de 1984 sobre intermediación financiera y supervisión delegada, proporcionó un fundamento académico para comprender el valor de monitorear a los prestatarios.
Una empresa puede presentar resultados positivos y enfrentar dificultades para atender su deuda debido a necesidades de capital de trabajo, vencimientos concentrados o exposición cambiaria. Por ello, evaluar capacidad de pago exige analizar escenarios de estrés, endeudamiento consolidado y sostenibilidad de los flujos.
También es indispensable distinguir el valor nominal de una garantía de su recuperación económica efectiva. Una garantía no protege al inversionista por lo que declara valer, sino por lo que puede recuperarse, cuándo y bajo qué condiciones.
Propongo examinar una dimensión que puede ayudar a comprender parte de las dificultades del financiamiento empresarial latinoamericano: la brecha de acceso al capital institucional, o brecha de invertibilidad.
Esta expresa la distancia entre el potencial económico de una empresa o proyecto y las condiciones necesarias para convertirlo en una inversión aceptable para un determinado inversionista.
No depende exclusivamente de la calidad empresarial. También intervienen la estructura financiera, la información disponible, los mecanismos de protección, las condiciones del mercado y el mandato del fondo.
Reducir esa distancia requiere una arquitectura de invertibilidad que conecte generación de caja, información confiable, estructuración contractual, gestión de riesgos y compatibilidad institucional. No significa financiar indiscriminadamente más operaciones: significa identificar cuáles justifican el riesgo, cuáles necesitan ajustes y cuáles deben descartarse.
Para Perú y Latinoamérica, el desarrollo del crédito privado exige capacidades especializadas de originación, supervisión y recuperación. Los inversionistas necesitan gestores capaces de evaluar operaciones con disciplina, transparencia y criterios consistentes. Las empresas requieren estructuras compatibles con sus ciclos económicos.
Los responsables de políticas públicas pueden contribuir fortaleciendo la seguridad jurídica, la disponibilidad de información y la eficacia de los mecanismos contractuales.
La participación de capital internacional puede ampliar alternativas, pero no sustituye el conocimiento local ni elimina los riesgos propios de cada jurisdicción.
El futuro del crédito privado latinoamericano no debería medirse exclusivamente por el volumen desembolsado o las rentabilidades contractuales anunciadas. Debe evaluarse también por la calidad de las operaciones, la protección del inversionista y la capacidad de preservar valor durante períodos adversos.
El capital disponible no equivale a capital bien invertido. Y una operación desembolsada no equivale necesariamente a una inversión exitosa.
América Latina necesita desarrollar una arquitectura financiera capaz de transformar oportunidades empresariales en activos evaluables, financiables y sostenibles.
Porque el verdadero valor del private credit no está en prestar donde otros no prestan, sino en comprender, estructurar y administrar riesgos que otros no están preparados para asumir.