Retiran autorización para funcionar y cancelan actividad a corredora de bolsa GBU que estaba intervenida en Uruguay
29 MAR, 2025
Por RankiaPro LATAM
El directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió "sancionar a GBU (Grupo Bursátil Uruguayo) Sociedad de Bolsa S.A. con la cancelación de sus actividades y el retiro de la autorización para funcionar", tras haberla intervenido (y suspendido) el 8 de enero pasado. El regulador y supervisor del mercado de valores detectó: conflictos de intereses, hacer caso omiso a decisiones judiciales e "incumplimientos graves" a la normativa.
Por eso, el BCU concluyó que la corredora de bolsa y su presidente, Álvaro Correa "no cumplen con los estándares de conducta, aptitud y rectitud comercial y profesional requeridos".
También el BCU dio de baja a GBU del Registro del Mercado de Valores de Uruguay, Sección Bolsa de Valores e Intermediarios.
Por otro lado, encomendó a Ana Chaves, la interventora de GBU, "la devolución de los fondos y valores de los clientes de acuerdo con las instrucciones que impartan los mismos, a excepción de las cuentas de clientes que se consideran partes vinculadas de acuerdo con las definiciones contenidas en la normativa bancocentralista y las participaciones de los clientes".
A fines del mes pasado, el acceso a los fondos por parte de los clientes había generado polémica.
El caso de la intervención comenzó por un cliente que era la empresa Gorriti S.A. (cuya beneficiario final era una persona declarada incapaz que luego falleció) sobre la que había "resolución judicial" que disponía que se invirtiera "en instrumentos específicos de deuda pública uruguaya, bonos globales de deuda pública uruguaya o bonos del Tesoro, optando entre ellos según criterios de mayor rentabilidad y seguridad para el patrimonio de la persona incapaz".
Sin embargo, la inversión se realizó "en un producto financiero estructurado de oferta privada, cuyo administrador es el contador Álvaro Correa", quien es el accionista mayoritario de GBU (con 58,33% de las acciones) y presidente de la corredora de bolsa.
La sucesión de hechos
Según la resolución del BCU "el 31 de agosto de 2019 la posición de Gorriti S.A. era de US$ 32.795.494,46". Eso estaba "compuesto por US$ 10.963,60 en efectivo, US$ 11.576.666,70 (valor nominal de US$ 10 millones) en bonos soberanos uruguayos y US$ 21.218.827,76 (valor nominal de US$ 21.150.000) en bonos soberanos de Estados Unidos" dice el BCU y agrega: "no se obtuvo evidencia de que se contara con la venia judicial necesaria para poder proceder a la venta de bonos del tesoro uruguayo para la adquisición de los bonos soberanos de Estados Unidos".
Posteriormente "el 11 de mayo de 2022, con orden expresa de los directores de Gorriti S.A., pero sin contar con la venia judicial correspondiente, GBU realiza la venta de varios instrumentos de la cartera de Gorriti S.A. y compra un producto financiero estructurado por US$ 11.500.000", recuerda el BCU.
Ese producto "es un certificado denominado 'Tracker Certificate on Portfolio Forestal Uruguay' emitido por una compañía de células protegidas registrada en Guernsey denominada PKT Capital PCC Limited", un producto de oferta privada y "que tiene como activo subyacente las acciones de la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas denominada Forestal I International Limited", añade.
La empresa Forestal I International Limited es propietaria del 100% del capital de la sociedad uruguaya Portfolio Forestal S.A..
"El mismo 11 de mayo de 2022, también con orden expresa de los directores de Gorriti S.A., pero sin contar con venia judicial, GBU transfiere valores por un valor nominal de US$ 21.500.000 desde Gorriti S.A. a Forestal I International Limited 'para la integración de proyecto forestal'", indica el BCU.
La resolución del Central señala que al 31 de mayo de 2022 Gorriti S.A. contaba con una posición en GBU constituida por US$ 7.037,29 en efectivo, US$ 8.920,65 en bonos soberanos nacionales y US$ 33.000.000 colocados en el producto estructurado mencionado (…), pero en el estado de cuenta del cliente este último era informado como 'acciones ordinarias'".
La inversión que antes estaba en productos de corto plazo y con liquidez, pasó a estar en un producto que "tiene un horizonte temporal de 18 a 20 años, careciendo de liquidez", según había declarado el propio Correa.
El BCU menciona que Correa (el presidente y accionista mayoritario de GBU) "es, en los hechos, la única persona física integrante del directorio de ambas entidades, Forestal I International Limited y Portfolio Forestal S.A., aspecto sobre el que no se tuvo evidencia que fuera comunicado a Gorriti S.A., a sus directores ni al Juez competente".
"El 30 de setiembre de 2024 la misma Sede judicial, dispuso el cese inmediato y apartamiento de todo tipo de actuación, gestión, asesoramiento o intervención en la administración del patrimonio de la persona declarada incapaz por parte de, entre otros, el curador y Álvaro Correa, prohibiéndoles en consecuencia integrar a cualquier título las sociedades comerciales de la referida persona", recuerda la resolución del BCU.
Los incumplimientos que detectó el BCU
El Central señala que Correa "no proporcionó de manera oportuna información relevante". Entre ellas, el Central destaca que "no informó que Forestal I International Limited también era cliente de GBU, ni que él mismo en su calidad de director de dicha empresa, había ordenado a GBU transferir los valores soberanos del gobierno de Estados Unidos por US$ 21.500.000 (cuya titularidad había sido anteriormente de Gorriti S.A.) a la cuenta que una sociedad denominada Silover Holding S.A. tenía en un corredor de bolsa de los Estados Unidos, Lek Securities Corporation".
Incluso, ya con la intervención del Central dispuesta, Correa "no ha proporcionado aun información sobre estas sociedades ni advirtió que Lek Securities Corporation había dejado de operar poco después de realizada tal transferencia".
"Ante el requerimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, tampoco ha proporcionado aun la información de dónde se encuentran actualmente custodiados los bonos extranjeros transferidos desde Gorriti S.A. por US$ 21.500.000 y tampoco proporcionó la información sobre el nuevo producto estructurado" mencionado, indica.
Conflictos de interés con otros clientes
Durante la intervención en GBU en enero de 2025, el Banco Central del Uruguay detectó que "en agosto de 2024 se realizó la emisión de otro producto estructurado, llamado “Foresterra” por US$ 30 millones, que tiene como activo subyacente las acciones de la empresa Forestal Uruguay Limited, empresa de las Islas Vírgenes Británicas creada en marzo 2023, la cual tiene inversiones en el 100% del capital de la empresa Foresterra S.A. en Uruguay".
"El beneficiario final de la empresa Foresterra S.A. es el hijo de Álvaro Correa y empleado de GBU" y además "un ex familiar de Correa y empleado de GBU, es el director de Forestal Uruguay Limited y de Foresterra S.A.", comenta el BCU.
"El monto que declaran haber emitido asciende a US$ 2.700.000 y se encuentra colocado a 48 clientes de GBU", agrega.
Según el BCU, "de la documentación proporcionada por GBU no surge evidencia de que se le hubiera advertido a sus clientes la vinculación del hijo y ex familiar de Álvaro Correa, empleados ambos de GBU, con las empresas objeto de la inversión ofrecida".
"Tampoco surge evidencia de que se hubiera proporcionado a los clientes la documentación requerida por la normativa para el caso de oferta privada de valores", agrega.
Las razones del Banco Central para sancionar a la corredora de bolsa
"Si bien la obligación de solicitar venia judicial le corresponde al curador de la persona incapaz, GBU conocía formalmente en atención a su designación judicial, la situación de incapacidad de la persona beneficiaria final de Gorriti S.A., por lo que debió verificar el cumplimiento por parte del curador de la obtención de la venia requerida y negarse a cumplir la orden (de invertir en productos distintos) ante su omisión", afirma la resolución del BCU.
Agrega que eso "se considera un incumplimiento grave", ya que se derivaron "los fondos hacia inversiones no permitidas y mucho más riesgosas, lo que constituye un incumplimiento de lo requerido por el artículo 395 del Código Civil y del artículo 102 de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009".
A eso suma "incumplimiento a varios artículos de la normativa de valore en Uruguay que, entre otros aspectos, establecen que "los intermediarios de valores deberán cumplir con estándares de aptitud, rectitud comercial y profesional, deberes de información y exigencias prudenciales".
Según el BCU, "la gravedad de estos incumplimientos se ve incrementada por el hecho de que la beneficiaria final de la empresa era una persona incapaz, se incumplió una orden impartida por la Justicia ya que GBU y Álvaro Correa habían sido designados por el Juez por lo cual conocían dicha orden y por el monto involucrado en esta inversión, US$ 33.000.000".
El Banco Central remarca que "se transformó una inversión segura en un producto sencillo con rentabilidad segura, en una inversión riesgosa, con probabilidad de pérdida de capital, utilizando sin justificación mínimamente razonable una estructura societaria muy compleja, no acorde con el perfil de la beneficiaria final, lo que constituye un incumplimiento".
"También se consideran agravantes el hecho que no exista una constancia de que GBU hubiera notificado oportunamente a la empresa ni a la Sede Judicial que le designó como asesor sobre el conflicto de interés existente al ser Álvaro Correa -presidente y único integrante del Directorio de GBU- director y administrador de Forestal I International Limited y director de Portfolio Forestal S.A. así como el entorpecimiento de la supervisión y al hecho de que a partir de la documentación proporcionada por GBU no se haya podido verificar la existencia y valuación de la inversión de la empresa en el producto estructurado", añade el BCU.
"En el caso del producto estructurado Foresterra, también se considera un incumplimiento grave el hecho que no exista una constancia de que GBU, hubiera advertido oportunamente a los inversores en dicho producto sobre el conflicto de interés existente, al ser, familiares y ex familiares del presidente de GBU y empleados de GBU, beneficiario final y director de las empresas objeto de la inversión ofrecida", indica la resolución.
"También se considera agravante el hecho de que no se trata de operativas referidas sólo a un cliente en particular sino que esta forma de estructuración de productos con similares características, es decir, un certificado emitido en el exterior cuyo subyacente son empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas que tienen inversiones en empresas uruguayas, siendo empresas vinculadas a Álvaro Correa, familiares, ex familiares y empleados y sin advertir a los clientes de este conflicto de interés, se aplicó también a otros clientes de GBU", agrega el BCU.
"En función de los hechos reseñados, se entiende que GBU y su presidente no cumplen con los estándares de conducta, aptitud y rectitud comercial y profesional requeridos", concluye el Central y por eso canceló las actividades de la corredora de bolsa y revocó su autorización para funcionar.
