
14 ABR, 2026

Autor: Shane Hurst, Senior Client Portfolio Manager de Clearbridge Investments (especialista en inversión de Franklin Templeton) y gestor del ClearBridge Infratructure Value Fund
En las últimas semanas, la escalada del conflicto en Irán ha provocado interrupciones significativas en el suministro de energía y materias primas, incluido el petróleo y el gas natural licuado (GNL). Esto ha contribuido a nuevas presiones inflacionarias y ha impactado de manera directa en el aumento de los costes en la energía, el transporte y los costes de producción en las cadenas de suministro.
En este contexto, las infraestructuras han vuelto a demostrar una destacada resiliencia. Muchos activos operan bajo marcos regulatorios o contratos a largo plazo que permiten trasladar al usuario final el aumento de costes, incluida la inflación. Esto hace que, incluso en un contexto de tipos de interés más altos o volatilidad macroeconómica, los flujos de caja se mantengan relativamente estables. En otras palabras, las infraestructuras ofrecen una defensa integrada frente a la inflación, especialmente relevante en escenarios de shocks geopolíticos. Esta resiliencia, sin embargo, varía en función del tipo de activo dentro del universo de las infraestructuras.
Las utilities en Norteamérica, por ejemplo, están expuestas a la volatilidad de los precios de las materias primas, impulsada por tensiones geopolíticas. Esto ya está presionando los costes energéticos y pone de relieve la sensibilidad del sector al importe del precio del combustible. Aunque el gas natural en EE. UU. se ha mantenido estable, un repunte sostenido podría trasladarse a mayores costes eléctricos.
No obstante, el sector cuenta con un elemento clave de protección: la regulación de coste del servicio. Este mecanismo permite recuperar los costes operativos mediante tarifas reguladas, lo que refuerza la capacidad de trasladar la inflación. Aunque el impacto puede no ser inmediato, el marco regulatorio permite que los ajustes se produzcan a lo largo del tiempo, preservando los flujos de caja.
En Europa, el sector se beneficia de la combinación de apoyo público y marcos regulatorios. Los gobiernos están desplegando subsidios y medidas que aseguren la asequibilidad energética de los hogares, preserven la competitividad industrial y permitan avanzar en la independencia energética, mientras que las utilities reguladas operan bajo esquemas en los que las rentabilidades sobre la base de activos se revisan periódicamente. Esto permite trasladar la inflación y los mayores costes de financiación a las tarifas con el tiempo, aunque con cierto desfase, ayudando a preservar el valor de los activos a largo plazo incluso en entornos de inflación energética.
Por su parte, la infraestructura energética se sitúa entre las principales beneficiarias del actual entorno geopolítico. El aumento de los precios del petróleo y del gas está impulsando a los países importadores a diversificar sus fuentes de suministro. Tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, Europa incrementó sus importaciones de GNL desde Estados Unidos, y en el contexto actual se espera que países asiáticos como Japón y Corea recurran más al petróleo y gas norteamericano para reducir su exposición a Oriente Medio.
Esto favorece el desarrollo de nuevos proyectos y el aumento de volúmenes en oleoductos, plantas de procesamiento y almacenamiento. En términos contractuales, muchos de estos activos operan bajo estructuras de coste del servicio o contratos “take-or-pay”, a menudo con cláusulas de indexación a la inflación, lo que permite trasladar costes y proteger los ingresos, al tiempo que se benefician de mayores volúmenes.
Las autopistas de peaje presentan una resiliencia similar. Muchos contratos de concesión permiten que los peajes aumenten en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o mediante mecanismos predefinidos que reflejan la inflación. Aunque el aumento de los precios del combustible puede reducir temporalmente los viajes no esenciales, este segmento representa una parte reducida de los ingresos de una autopista de peaje urbana, siendo los viajes de negocios y de mercancías menos sensibles a las presiones de costes. Por tanto, la combinación de estructuras de precios vinculadas a la inflación y costes fijos permite mantener la estabilidad de los márgenes a lo largo del tiempo, incluso en entornos inflacionistas.
Los aeropuertos combinan cierta exposición a corto plazo con una estructura resiliente. El aumento de los costes del combustible puede afectar la demanda de viajes a corto plazo, pero el tráfico aéreo ha demostrado ser relativamente inelástico al largo plazo, tanto a la presión sobre el costo de vida como a las perturbaciones económicas y de precios (con la excepción de la COVID-19).
Además, muchas fuentes de ingresos están vinculadas contractualmente a la inflación. Las tarifas aeronáuticas suelen indexarse al IPC, mientras que los ingresos comerciales se ajustan en función del gasto de los pasajeros. Esto permite trasladar progresivamente la inflación.
En el caso de las renovables, los contratos de compra de energía a largo plazo y precio fijo incorporan expectativas de inflación desde su origen. Aunque no siempre incluyen mecanismos explícitos de ajuste, el aumento de los precios de los combustibles fósiles mejora la competitividad de las renovables, impulsando la demanda de nuevos proyectos y un potencial de mejores rendimientos.
En el actual contexto de mercado, el sector de infraestructuras destaca como una clase de activo con una defensa integrada frente a la inflación y ofrece un amplio abanico de oportunidades en sectores bien posicionados, como utilities, oleoductos, autopistas, aeropuertos y energías renovables. Estos refuerzan el papel de las infraestructuras como un componente clave en las carteras a largo plazo.