
26 FEB, 2025
Por Leticia Rial de RankiaPro

La industria de gestión de activos se enfrenta a un panorama regulatorio desafiante en 2025, con múltiples cambios normativos que impactarán significativamente en sus modelos operativos y de negocio.
Con el arranque del nuevo año, y la ayuda de las firmas finReg360 y KPMG, desglosamos las áreas en las que el sector tendrá que poner especial atención durante los próximos meses en lo que a regulación se refiere.

Gloria Hernández, socia, y Carolina Rodríguez, asociada principal, de finReg360
El comienzo de año es idóneo para plantear nuevos propósitos y trazar la ruta en el nuevo período. En lo regulatorio, en 2025, el sector de gestión de activos se centrará en cinco áreas: digitalización, protección del minorista y del consumidor, mercado de capitales, inversión sostenible y supervisión prudencial.
La digitalización estará protagonizada por el Reglamento (UE) 2023/1114, conocido como reglamento MiCA, que dará un giro total al mercado de los criptoactivos (especialmente, en lo que se refiere a su comercialización y distribución), el Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como ley de inteligencia artificial, y el Reglamento (UE) 2022/2554, conocido como DORA, normas, estas dos últimas que afectarán a las herramientas de los gestores de activos y a sus proveedores.
En la protección del minorista y el consumidor, la Estrategia de Inversión Minorista o Retail Investment Strategy (RIS) conllevará revisar los modelos de negocio para cumplir con value for money y permitir el cobro de incentivos, aunque todavía no contamos con un texto definitivo.
La Unión del Mercado de Capitales (CMU, en siglas inglesas) es otro de los puntos de atención. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) pretende impulsarla con la reforma de las titulizaciones, la revisión de las aptitudes de activos para los UCITS o la revisión de los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE), entre otras iniciativas.
Aunque formalmente no sea parte de la CMU, sí encaja en los objetivos de este plan la reforma de la Directiva 2024/927, de los gestores de activos (AIFMD II, en siglas inglesas), exigible en abril de 2026. Hay que trabajar sobre ella sin dilación, porque incorpora importantes novedades:
Sobre la inversión sostenible, los cambios esperados afectan al nuevo informe de sostenibilidad requerido por la Directiva 2022/2464 (CSRD), al Reglamento (UE) 2019/2088 (SFDR) para adaptarlo a la RIS y para una nueva clasificación de los productos sostenibles, o en los nombres de los fondos para adaptarlos a las directrices de la ESMA.
Por último, resaltamos el profundo debate sobre la regulación prudencial de la intermediación financiera no bancaria, que la Comisión Europea va a reforzar con medidas referidas a la gestión de riesgos de liquidez para fondos de inversión o límites al apalancamiento.
Sin duda, la regulación será una de las prioridades de las gestoras de activos, pues afectará a los modelos operativos y de negocio, y requerirá la dedicación de recursos humanos y económicos.

Alfonso Figal, socio de FS Consulting en KPMG España
En estos primeros compases del año conviene recapitular sobre el itinerario normativo que los diversos organismos reguladores están marcando y a los que la industria tendrá que hacer frente. Entre la abrumadora regulación ya en vigor o en vías de implementación, destacamos las que consideramos serán cruciales durante el año.
En cuanto a la recién entrada en vigor MiCA (Reglamento del Mercado de Criptoactivos) y el Reglamento sobre Resiliencia Operativa Digital (DORA), en vigor desde el 17 de enero, el foco estará en comprobar la eficiencia de su implantación y el grado de aplicación en las compañías, lo que será objeto de supervisión. Es altamente probable que las revisiones y controles de las que sean objeto impliquen realizar algún tipo de ajuste en las organizaciones.
En cuanto a la digitalización, en 2025 estrenamos el primer sandbox de Inteligencia Artificial en España y dispondremos de las guías de las agencias supervisoras para una implementación responsable. Sin duda, serán elementos importantes que acompañarán en un año en el que el mercado (y los usuarios) espera una mayor tangibilización de los resultados de la transformación que la IA está suponiendo.
En el ámbito de la protección a los inversores minoristas y una vez puesta en marcha la Retail Investemen Strategy (RIS), se esperan avances en materia de índices y benchmark como base para la determinación del value for money y que van a formar parte de los análisis y discusiones sobre la necesaria transformación del modelo de negocio.
Otro punto de atención estará en los textos definitivos sobre el acceso a datos financieros (FiDA), que establecen un marco de derechos y obligaciones para gestionar el intercambio de datos en el sector financiero, un paso más hacia la era del Open Finance con nuevas soluciones de negocio que refuercen los ingresos de la industria.
La sostenibilidad continúa en su proceso de evolución hacia una mayor concreción y homogeneización del terreno de juego europeo. Será 2025 un año de revisión y simplificación del reporting ESG y se avanzará en la integración de las preferencias de sostenibilidad y divulgación (SFDR), a partir de los resultados de las acciones de supervisión común de la ESMA y las propuestas de la Plataforma de Finanzas Sostenibles y guías como las de nomenclatura ESG.
En el lado de las oportunidades, se espera la aprobación definitiva de la ansiada ley por la que se regule el préstamo de valores en el ámbito de las Instituciones de Inversión, que, con años de retraso, pretende eliminar la desventaja competitiva que en este ámbito tiene nuestra industria respecto a otros países. Esta “buena noticia” regulatoria acompaña al sector en un momento clave de transformación y evolución del modelo de negocio que permitirá disponer de fuentes de ingreso complementarias.
En este marco de constante cambio y evolución, la gestión del cumplimiento regulatorio supone un permanente desafío para las organizaciones. Y precisamente ahí es donde los equipos de cumplimiento deben aportar su experiencia para generar valor y a la vez una ventaja competitiva, ya sea de forma independiente o con el apoyo de servicios profesionales externos con experiencia y conocimiento sectorial sobre las mejores prácticas.